El proyecto de Defensa de la Soberanía, impulsado por el Gobierno para reforzar la posición argentina sobre las Islas Malvinas, todavía genera diferencias en la Cámara de Diputados. Aunque los cuestionamientos de algunos aliados no pondrían en riesgo la aprobación general, podrían sumar tensión al debate en el recinto.

La Libertad Avanza confía en reunir los votos para aprobar sin modificaciones el dictamen firmado esta semana, que contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. Sin embargo, hubo disidencias de los santafesinos José Núñez y Pablo Farías, de Provincias Unidas; de los misioneros Oscar Herrera Ahuad y Alberto Arrúa, de Argentina Federal, y de la radical Karina Banfi, que integra un monobloque.

Los artículos sobre injerencia extranjera, en el centro del debate

Las objeciones se concentran en el título VII, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”. Los aliados pidieron retirar los artículos 127 a 130, que fueron modificados respecto de la versión original para que el dictamen alcanzara 60 firmas. Entre otros puntos, proponen cambios en el Código Penal e incorporan penas de prisión.

El artículo 129 es uno de los más discutidos. Reemplazó al artículo 111 del texto inicial y busca penalizar la posible injerencia extranjera en procesos electorales o en la opinión pública. La propuesta aclara que la medida no alcanza a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico ni la investigación académica, pero su redacción mantiene las dudas de algunos diputados.

En particular, genera reparos la referencia a acciones realizadas mediante formas “clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultando su origen o su vínculo con el Estado, organización o agente extranjero, con la finalidad de alterar un proceso electoral”. Legisladores que firmaron en disidencia temen que ese artículo pueda utilizarse para perseguir a dirigentes opositores.

Las sanciones y el control de inversiones extranjeras

Los otros tres artículos cuestionados establecen penas por poner secretos del Estado a disposición de un país o de un servicio de inteligencia extranjero. También prevén sanciones de prisión para quienes colaboren con la logística de una operación clandestina de inteligencia en el país por cuenta de un Estado extranjero. Los diputados disidentes esperan que el oficialismo elimine esos puntos y anticiparon que los rechazarán si llegan a la votación en particular.

También podría abrirse una discusión por el título V, que otorga al proyectado Consejo de Seguridad facultades para revisar y dar conformidad a inversiones de Estados extranjeros o de personas jurídicas bajo su control. La medida comprende operaciones vinculadas con defensa, telecomunicaciones, actividades espaciales, energía, hidrocarburos y minería.

El texto establece que la intervención del organismo, controlado por el Poder Ejecutivo, se aplicará cuando estén involucradas las llamadas “infraestructuras críticas”, cuya definición quedaría a cargo del propio Consejo de Seguridad.

Malvinas, el proyecto Sea Lion y las sanciones

La iniciativa enviada por la Casa Rosada busca ratificar la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas, proteger los recursos naturales y endurecer sanciones previstas en la legislación nacional. El debate se desarrolla en medio de la controversia por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, administrado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum.

Las tensiones aumentaron después de que Estados Unidos expresara preocupación por la posibilidad de que las sanciones alcanzaran no solo a las empresas que operan en Malvinas, sino también a sus filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores. Ante esa presión, el Gobierno limitó las penalidades a las compañías que operen ilegalmente en el país, de manera directa o como proveedoras o accionistas directas de la iniciativa, y dejó exentas a las subsidiarias.

El oficialismo también aceptó exigencias de sus aliados para conseguir que el proyecto llegue al recinto. La sesión está convocada para el 12 de noviembre, un día después de que el papa León XIV concluya su visita al país.