La tecnológica Google logró este miércoles evitar la venta de una parte de su negocio de publicidad digital después de que una jueza federal de Virginia rechazara la petición del Gobierno de EE. UU. de obligar a la compañía a vender su plataforma AdX.
La jueza Leonie M. Brinkema, del tribunal federal de Alexandria (Virginia), decidió que Google podrá mantener AdX, aunque tendrá que modificar algunas de sus prácticas, según documentos judiciales.
La decisión se produce después de que la misma magistrada determinara en abril de 2025 que Google había utilizado ilegalmente su posición dominante para controlar dos partes del mercado de tecnología publicitaria: los sistemas que utilizan las páginas web para gestionar sus anuncios y las plataformas que conectan a anunciantes y editores.
Google ofrece servicios en este sector con dos herramientas de compra para anunciantes (Google Ads y DV 360), otra para que los editores gestionen sus espacios publicitarios (DoubleClick for Publishers o DFP) y la plataforma que pone en contacto a ambas partes del negocio, AdX.
Brinkema rechazó la venta de AdX y optó por medidas dirigidas a modificar el funcionamiento de las herramientas publicitarias de Google y limitar las ventajas que la compañía puede obtener de su posición en el mercado.
Los detalles completos de las medidas no se han hecho públicos por el momento. Según los documentos, Google y el Gobierno tienen ahora 30 días para presentar una propuesta conjunta que recoja las decisiones del tribunal.
Google argumentó durante la vista que vender AdX era "complicado" y "perjudicial" para los clientes.
La demanda contra la empresa fue presentada en 2023 por el Departamento de Justicia y varios estados, que acusaron a la compañía de "utilizar su posición dominante para eliminar o debilitar a sus competidores en el mercado de publicidad digital".
El fallo es una victoria para la compañía, pero no cambia la decisión de 2025 que determinó que la compañía había violado las leyes antimonopolio.
La decisión se suma a otros casos antimonopolio contra grandes tecnológicas estadounidenses, donde los reguladores han intentado obligar a compañías como Google y Meta a vender algunos de sus activos.
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