Después de siete años de presiones, falsas acusaciones y un largo derrotero por los tribunales, la Justicia sobreseyó definitivamente este jueves al periodista de Clarín Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a la entonces presidenta Cristina Kirchner en causas por corrupción, entre otros.
El juez federal Julián Ercolini, a partir de un requerimiento de la fiscal Alejandra Mángano, firmó el sobreseimiento definitivo de Santoro en relación con la acusación de haber integrado una supuesta asociación ilícita liderada por el falso abogado Marcelo D’Alessio y de haber coaccionado al empresario kirchnerista Mario Cifuentes y al exdirectivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat.
En los tres casos, Ercolini dejó asentada una misma y contundente constancia: la formación de la causa “en nada afecta el buen nombre y honor” del periodista. Es una fórmula prevista expresamente por el artículo 336, inciso 4°, del Código Procesal Penal de la Nación y que acompaña cada uno de los sobreseimientos dictados en favor de Santoro.
Durante todos estos años, Santoro contó con el patrocinio letrado de los abogados Mauricio De Núñez y Guido Sciarreta y tuvo el apoyo de sus jefes y compañeros de Clarín, de FOPEA, ADEPA, la Academia Nacional de Periodismo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, el colegio de Abogados de la CABA y Rejia, entre numerosos intelectuales y artistas como Luis Brandoni.
La resolución de Ercolini pone así punto final, al menos en lo que respecta al periodista, a una causa que se armó en Dolores a comienzos de 2019 y que durante años estuvo atravesada por acusaciones de espionaje, extorsiones y supuestas operaciones políticas.
El origen: el Operativo Puf
En realidad, las acusaciones contra Santoro fueron utilizadas como parte del denominado “Operativo Puf”, una maniobra destinada a intentar hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas, que había comenzado a poner bajo la lupa un entramado de corrupción alrededor de empresarios y funcionarios kirchneristas.
La operación contó, según surge de una conversación telefónica incorporada a otra causa, con la participación de dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo y la venia de la ex presidenta.
En una conversación con el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, grabada el 18 de enero de 2019, cuando Schiavi se encontraba detenido en el penal de Ezeiza, el entonces diputado Eduardo Valdés le anticipó:
-“Va a haber novedades, quedate tranquilo”.
Y luego agregó:
-“Operativo Puf”.
Ante la pregunta de Schiavi, Valdés volvió a repetir el nombre de la operación y mencionó:
-“Bonadio, Stornelli, Puf”.
En esa conversación también explicó cómo se iba a armar una causa ante el entonces juez federal K de Dolores Alejo Ramos Padilla y cómo el expediente sería difundido a través de medios cercanos al kirchnerismo.
Unos días después, Cristina pidió la intervención de la Corte por una inexistente maniobra de EE.UU. en su contra y dijo en el Senado: “¡Bingo! Stornelli con el falso abogado y el ‘periodista estrella’ de Clarín, experto en ‘investigaciones’. A esta causa no le falta nada”, en alusión al caso D'Alessio.
Pocos días después, el “productor agropecuario jubilado” Pedro Etchebest denunció a D’Alessio por un supuesto intento de extorsión. Ramos Padilla, que se encontraba de vacaciones, habilitó su juzgado y comenzó a recibir a una sucesión de casi 30 denunciantes y querellantes, muchos de ellos procesados en causas por corrupción que tramitaban en los tribunales federales de Comodoro Py. Llevar la denuncia a Dolores fue una clara maniobra de "forum shopping" (elegir el juez amigo).
Ramos Padilla dejó trascender que podía ordenar la detención de Santoro. El periodista fue indagado, se solicitaron sus comunicaciones telefónicas, fue procesado, embargado y se le impuso una prohibición para salir del país.
D’Alessio había sido fuente de información de alrededor de una veintena de periodistas, algunos de los cuales incluso habían mantenido vínculos económicos con él. Sin embargo, la investigación de Ramos Padilla se concentró solo en Santoro.
El fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi, en cambio, nunca imputó al periodista.
La Cámara de Mar del Plata anuló el procesamiento
En diciembre de 2020, el fiscal de cámara Juan Manuel Pettigiani solicitó sobreseer a Santoro. Días después, la Cámara Federal de Mar del Plata, integrada por los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, anuló los polémicos procesamientos dictados por Ramos Padilla y realizó una defensa del derecho a la libertad de expresión y del secreto profesional periodístico.
Con el paso de los años, la causa de Dolores comenzó a perder fuerza.
Ramos Padilla había presentado ante el Congreso la denuncia de Etchebest como el descubrimiento de una supuesta “organización nacional e internacional de espionaje” liderada por D’Alessio, a la que atribuía maniobras capaces de afectar las relaciones de la Argentina con Estados Unidos, Irán, Uruguay y otros países.
Pero el expediente se fue desinflando y finalmente pasó a los tribunales federales de Comodoro Py. Una de las razones fue que varios de los hechos de extorsión investigados habían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y no en Dolores, donde inicialmente había quedado radicada la causa.
A mediados del año pasado, el Tribunal Oral Federal N° 8 condenó a 13 años y 6 meses de prisión a Marcelo D’Alessio, un exespía, un excomisario y varios empresarios por integrar una asociación ilícita dedicada, entre otras maniobras, a extorsiones y lavado de dinero. La sentencia está apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Durante estos siete años, Santoro ofreció sus cuentas bancarias y las escrituras de su casa y su auto como prueba de que nunca había recibido dinero de D’Alessio ni de ninguna otra fuente distinta de sus ingresos como periodista.
El Juez K de Dolores Alejo Ramos Padilla
foto MARCELO CARROLL -
Mientras, la SIDE K pinchó sus comunicaciones y correos electrónicos y fue víctima de un seguimiento ilegal, según estableció el juez Sebastián Casanello, en otra causa. Además, sufrió amenazas de muerte él y su familia y fue demonizado en las redes sociales manejadas por los K.
En marzo de 2019, Ramos Padilla denuncia en Diputados "una organización internacional" de espionaje.
El periodista sostuvo desde el comienzo que su relación con D’Alessio había sido periodística y que lo había utilizado como fuente de información, como había ocurrido con otros 20 periodistas.
Desde 2019, además, no apareció una nueva acusación ni una prueba que demostrara que Santoro hubiera participado de las maniobras de extorsión de D’Alessio.
Ahora, siete años después de aquella denuncia que terminó colocando al periodista en el centro de una de las investigaciones judiciales más controvertidas de los últimos años, el sobreseimiento definitivo deja firme el cierre de la acusación en su contra.
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