La política de General Rodríguez se vio sacudida por un escándalo policial que terminó en un papelón. Un concejal peronista acusado de narcotraficante por el secretario de Seguridad del municipio también gobernado por el peronismo y como no había datos en la denuncia el fiscal archivó la causa y renunció el denunciante.
El 11 de agosto, Nicolás Rappazzo Demarchi, secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Ezequiel Freider. Llamó la atención porque acusaba, con nombre y apellido, al concejal peronista Javier Tarragona de narcotraficante a partir de la denuncia de un vecino que no dio sus datos. Un anónimo.
Llamó la atención de la prensa porque se trataba de un concejal de la misma fuerza política que gobierna el Municipio que realizó la denuncia. Pero además, era sobre un hombre que había sido secretario privado del actual intendente, Mauro García.
"En el día de la fecha me entrevisté de manera personal con un vecino de General Rodriguez, quien se negó a aportar sus datos personales por temor a represalias, el cual me refirió hechos de extrema gravedad institucional. En concreto, manifestó que el concejal Javier Tarragona forma parte de una asociación ilícita que se dedica a la comercialización de estupefacientes en General Rodriguez, la cual posee distintos puntos de venta en nuestros barrios", escribió en la denuncia Rappazzo, secretario de Seguridad y Justicia, y un hombre de la "familia judicial".
Según la acusación del Secretario de Seguridad de General Rodríguez, la banda presuntamente vinculada a Tarragona opera desde el country Terravista. "El denunciante aportó información detallada de los vehículos utilizados por el sindicado Tarragona y de abonados telefónicos a través de los cuales, el mismo opera con los “capos narcos” (SIC). Dicha información, la aportaré en sobre cerrado adjunto a la presente denuncia, a fin de garantizar tanto el avance de la investigación", sostuvo Rappazzo en la presentación.
Javier Tarragona, el concejal peronista acusado por un funcionario de su mismo partido en General Rodríguez.
Además, pidió varias medidas "urgentes" contra el concejal. Ingresos y egresos al country Terravista de los últimos 6 años; el listado de llamados entrantes y salientes de los abonados aportados de los últimos 24 meses; y oficios para saber los inmuebles, vehículos y sociedades a nombres de Tarragona.
El escándalo explotó y Tarragona que fue elegido concejal en 2023, pidió licencia en el Concejo Deliberante. Se presentó en la Justicia, aportó la tarjeta SIM de su celular y el pin para desbloquearlo. Sorprendido, el jefe comunal salió a defenderlo y dijo que confiaba en Tarragona.
l fiscal Ezequiel Freider citó al secretario de Seguridad de la Comuna. Le tomó testimonio y 17 días después de la denuncia archivó la causa. "El denunciante se limitó sencillamente a ratificar la versión de relato obtenido a partir de los dichos de un tercero. NO se aportó nueva ni mayor información al respecto, como -tampoco- elemento alguno que fuera distinto a los ya consignados en su escrito", escribió el fiscal cuando archivó la causa el viernes pasado.
En su resolución, el fiscal acalra que consultó a la Policía de la provincia de Buenos Aires, a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Pero dejó una fuerte crítica al secretario de Seguridad, un hombre que entre 2008 y 2024 trabajó en el Poder Judicial y viene de una reconocida familia judicial de Morón.
Nicolas Rappazzo renunció a la Secretaría de Seguridad de General Rodríguez después de denunciar a un concejal de su propio partido pro narco.
"(...) ni del texto de la denuncia, como tampoco de la ratificación de su contenido por quien denunciara, surgen elementos de relevancia que permitan su acreditación, y ello así sobre el fundamento de que lo ventilado expone evidentes falencias, puesto que: no se ciñe a una franja o ventana temporal determinada para la presunta comisión de los delitos enumerados. Tampoco se mencionan o indican nombres, apellidos, siquiera apodo alguno y/ o dato de identificación de componentes de integración de banda criminal o de narcocriminalidad que permitan dirección posible a la pesquisa", escribió el fiscal.
Ahora se espera que en la próxima sesión del Concejo Deliberante Tarragona vuelva a su banca, en la que no estuvo durante todo el mes de agosto. Mientras, el secretario de Seguridad renunció a su cargo el mismo día en el que el fiscal archivó la causa.
En los pasillos del Municipio el intendente niega que se haya tratado de una interna. Sí, le pega a su ex funcionario por hacer una denuncia así, sin datos contra un integrante de su propio espacio. Pero la que habló fue Silvia "Chyfu" Figueiras, presidenta del Concejo Deliberante y esposa del intendente.
Primero defendió a Tarragona: "Es un compañero que conocemos hace muchos años y entendimos que iba a terminar como terminó".
Y le pegó al funcionario que tenía en Justicia y Seguridad su esposo. "Creo que en lo que no pensó claramente fue en que le faltaba algo muy importante, que eran las pruebas", apuntó "Chyfu".
"No hay que usar la Justicia tan banalmente. Es algo tan delicado, es una herramienta tan necesaria. Hay que tomárselo con la seriedad tanto en el rol como funcionario como en el rol de la Justicia. Es alguien que viene de la Justicia. Cuando hace esta presentación creí que tenía muchas cosas más para presentar o que sabía lo que estaba haciendo", remarcó a la prensa local.
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