La causa por el atentado a la AMIA podría avanzar hacia su primer juicio oral en ausencia. La Cámara Federal de Buenos Aires convocó a las partes a una audiencia para el 24 de noviembre, en la que analizará las apelaciones contra los procesamientos de siete iraníes y un libanés dictados por el juez federal Daniel Rafecas.

Los recursos fueron presentados por el defensor oficial Hernán Silva en representación de los ocho acusados, señalados por la organización y ejecución del ataque del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos, 151 heridos y graves daños en la sede de la mutual judía.

La Cámara Federal analizará las apelaciones por el atentado a la AMIA

La Sala I, integrada para este caso por los jueces Mariano Llorens y Pablo Yadarola, tratará los planteos en la audiencia y luego quedará en condiciones de resolver. Si confirma los procesamientos, el fiscal de la Unidad AMIA, Sebastián Basso, podría solicitar la elevación de la causa a juicio oral.

La decisión de los camaristas será determinante para establecer si el expediente puede llegar al primer debate oral en ausencia contra los principales acusados de planificar y ejecutar el atentado terrorista más grave de la historia argentina. La posibilidad de que el juicio comience a mediados del próximo año dependerá del avance de las instancias judiciales.

Reclaman revisar las faltas de mérito de otros dos investigados

Basso y una querella de familiares de las víctimas, representada por el abogado Tomás Farini Duggan, también apelaron las faltas de mérito dictadas por Rafecas en favor de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. Ambos son investigados por su presunta vinculación con la estructura de Hezbollah que habría participado en la preparación del ataque.

La fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para avanzar en la situación procesal de los dos hombres y llevar el caso a juicio oral y público. En paralelo, el juez procesó a los ocho acusados el 21 de septiembre, mediante una resolución de más de 600 páginas.

Juicio en ausencia y cargos contra los acusados

Rafecas ordenó embargos por 500 millones de dólares sobre los bienes de cada uno de los ocho procesados y consideró que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad. La resolución aplicó la Ley 27.784 de Juicio en Ausencia, que permite continuar el proceso penal aunque los imputados permanezcan prófugos en el extranjero.

La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la aplicación de ese mecanismo en la causa AMIA al rechazar cuestionamientos de la defensa contra la nueva legislación. En octubre, además, declaró inadmisible por mayoría un recurso extraordinario con el que la defensa buscaba llevar la discusión a la Corte Suprema, aunque aún podía presentar una queja.

El sistema prevé que los acusados tengan defensores oficiales y las garantías del debido proceso, incluso si no comparecen personalmente ante los tribunales argentinos. Así, la decisión de permanecer fuera del alcance de la Justicia dejó de ser un impedimento absoluto para que la causa avance hacia un eventual juicio.

Entre los procesados mencionados en la resolución figuran Alí Fallahijan, entonces ministro de Inteligencia; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria, y Ahmad Vahidi, quien dirigía esa fuerza, según la información disponible sobre el fallo.

El contexto también incluye la decisión del régimen iraní de considerar «terroristas» a la Fuerza Aérea y la Armada, en reciprocidad por la decisión del Gobierno argentino de otorgar esa calificación a la Guardia Revolucionaria. La situación adquiere relevancia en la causa porque uno de los acusados, Rezai, fue comandante de esa organización.

La reconstrucción judicial de la preparación del atentado

En su resolución, Rafecas reconstruyó los movimientos previos al ataque contra la sede de la AMIA, ubicada en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once. Según el fallo, los responsables compraron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994 y luego la acondicionaron para convertirla en un coche bomba.

El vehículo fue cargado con aproximadamente 300 kilos de amonal y TNT. El viernes 15 de julio, cerca de las 18, quedó estacionado en un espacio público situado a cuatro cuadras de la mutual judía. Los atacantes esperaron hasta la mañana del lunes 18, cuando el edificio tenía una importante concurrencia de empleados, socios y visitantes.

La explosión destruyó gran parte de la sede y provocó una de las mayores tragedias de la historia argentina. A partir de las pruebas reunidas por la Unidad Fiscal AMIA, Rafecas sostuvo que la decisión de cometer el atentado había sido adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní.

La hipótesis sobre Irán, Hezbollah y la Triple Frontera

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la ejecución del ataque fue encomendada a Hezbollah, organización proiraní con sede en el Líbano. La planificación habría contado con una red de apoyo regional y local, con una de sus principales bases operativas en la Triple Frontera, integrada por Ciudad del Este, en Paraguay; Foz de Iguazú, en Brasil, y Puerto Iguazú, en Argentina.

El juez calificó los hechos como homicidios y lesiones agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de generar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios. También consideró que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad y lo encuadró en la figura de genocidio, conforme a su interpretación del derecho internacional.