La querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para Cristian Gabriel "Pity" Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz. Además, solicitó que, si recibe una condena, el músico cumpla la pena en su domicilio y pueda acceder a salidas laborales y para realizar tratamientos médicos.
El pedido fue presentado por el abogado Fabián Améndola, representante de Verónica Román, madre de la hija menor de la víctima, durante el inicio de los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Améndola expuso de manera remota y comparte la representación de la querella con Fernando Burlando.
La querella descartó que Álvarez actuara en legítima defensa
El crimen ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. Díaz, de 36 años, murió tras recibir cuatro disparos. En su alegato, Améndola sostuvo que las pruebas demostraron que no hubo "ninguna agresión ni un arma en las manos de Díaz" y que el ataque "fue una respuesta letal frente a un desafío que, como mucho, era mantener una pelea".
El abogado destacó el testimonio de un amigo de la víctima, presente durante el hecho, y señaló que su relato fue espontáneo, no tuvo contradicciones y resultó corroborado por otras pruebas. También afirmó que los peritos descartaron una actuación en legítima defensa por parte del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.
"El único que tenía arma y que la usó fue 'Pity'", afirmó Améndola. Sobre las palabras que Álvarez habría pronunciado después del homicidio, agregó: "Dijo 'maté a un chabón', no dijo 'me defendí' o casi me matan y me defendí como pude".
La querella sostuvo que el acusado tuvo la posibilidad de detener el ataque y no lo hizo. "Es desproporcional dispararle a la cara a una persona", expresó el letrado, quien también descartó que se tratara de un exceso en la legítima defensa.
El pedido de pena y los argumentos de la acusación
Améndola calificó el hecho como homicidio simple agravado por el empleo de un arma de fuego y consideró que hubo dolo directo. Como fundamentos, mencionó los cuatro disparos realizados a menos de 60 centímetros, la naturaleza de la acción y que la hija de Díaz tenía ocho años cuando ocurrió el crimen.
El abogado también se refirió al trastorno por consumo de sustancias de Álvarez. Afirmó que la querella sostuvo su imputabilidad y que quedaron descartadas tanto una intoxicación aguda como una alteración de la realidad. A la vez, indicó que valoró el arrepentimiento expresado por el músico durante su declaración y su pedido de disculpas, junto con el compromiso de reparar el daño.
Al finalizar un alegato de poco más de una hora, Améndola solicitó la pena de 11 años y 2 meses de prisión. También pidió que, ante un eventual veredicto condenatorio, Álvarez permanezca bajo arresto domiciliario y cuente con salidas laborales y para atender su salud. "Es necesario por su salud", afirmó.
El informe sobre el consumo de cocaína durante la audiencia
Otro momento relevante de la jornada se produjo cuando el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, mencionó un informe del Juzgado Civil N° 4. Según el documento, un estudio realizado el lunes pasado dio positivo de cocaína luego de que Álvarez regresara al centro de salud mental Solar Colonial, tras declarar en el juicio.
De acuerdo con lo informado durante la audiencia, el músico habría consumido la sustancia mientras estuvo en el Palacio de Justicia. Según el informe, dijo que por "código de adictos" no revelaría quién se la había dado y agregó: "Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y la otra la traje para acá". También habría dicho a los enfermeros: "Esto me hace bien".
Goerner calificó el episodio como "gravísimo" y señaló que no había elementos para establecer cuándo se suministró la sustancia: antes del ingreso, durante los intervalos de la audiencia o al finalizarla. El juez sostuvo que no se advirtió ninguna anormalidad que justificara declarar nulo el acto y afirmó que la conducta podía interferir con el tratamiento dispuesto por la justicia civil.
El magistrado adelantó que el tribunal pediría información para determinar si se había denunciado el posible suministro de estupefacientes. Por su parte, el fiscal general Sandro Abraldes anunció que presentaría una denuncia ante la Unidad Especializada en Estupefacientes. También anticipó que solicitaría investigar al entorno familiar y profesional de Álvarez en relación con lo ocurrido.