El próximo paso del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), responsable de realizar el juicio de Hotesur-Los Sauces contra Cristina y Máximo Kirchner, y otros catorce imputados, será fijar fecha de inicio de las audiencias públicas. Aún con fueros, el diputado nacional afrontará el debate oral con embargos por encima de los 3.000 millones de pesos, una fortuna de 11.000 millones y una importante cantidad de documentos que lo involucran en las maniobras que se juzgarán.
La ex Presidenta y su hijo compartirán el banquillo de los acusados. Llegan a esta instancia con un embargo familiar por encima de los 1.000 millones de pesos, junto a una medida cautelar sobre la inmobiliaria Los Sauces de 3.013 millones. Esto convive con el decomiso vigente de 685.000 millones de pesos fijado en el caso Vialidad y al que debe responder de forma solidaria con los demás condenados. En el marco del mismo, hay 19 propiedades de Máximo y Florencia Kirchner que tienen una orden de ejecución patrimonial
El 4 de septiembre, las defensas, la fiscalía y la querella involucradas en la causa donde se investigó una estructura de blanqueo de activos a través de las empresas de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces, mantuvieron la audiencia ante los jueces del TOF 5, José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni.
Allí se determinaron las pautas del debate oral y público. En primer término, el juez Michilini informó que el juicio será estrictamente presencial. Además, se llevarán a cabo tres audiencias por semana con la habilitación de sábados y domingos, y en caso de necesitarlo, la feria judicial de verano.
El siguiente plazo impuesto fue el de quince días para que las defensas reduzcan la cantidad de testigos sugeridos. A la fecha, según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, había 300 testigos propuestos entre los dos expedientes. El TOF 5 pidió desestimar a aquellos que no estén vinculados al delito investigado.
Lo que se busca es imprimir celeridad al juicio. Una vez que se consolide qué testigos va a sostener cada parte y cuáles no, los magistrados estarán en condiciones de decir cuándo comenzará el debate en el cual intervendrá en representación del Ministerio Público Fiscal Diego Velasco.
En el marco de este expediente se corroboró una maniobra de lavado de activos en la que, según sostiene la acusación, tanto la inmobiliaria como la firma hotelera de la familia Kirchner se utilizaron como “pantallas societarias”, para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez obtenía a través de la obra pública vial, y bajo este esquema a modo de retorno regresaba al patrimonio de la familia Kirchner.
Respecto a la inmobiliaria Los Sauces, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera Hotesur la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos, valores al año 2015.
¿Qué hizo Máximo Kirchner?
A los acusados en estos expedientes, entre ellos Cristina y Máximo Kirchner, como Lázaro Báez y su hijo Martín, se los señaló de haber formado parte de "un complejo entramado societario" que se puso en marcha "para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado (la causa de obra pública)"
Para lograr esto, según ya habían planteado los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques durante la investigación, los acusados “recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez, por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen” y “múltiples” negocios con las empresas del Grupo Austral”, con el fin de otorgarles a dichas operaciones comerciales, "apariencia de legítimas".
La Justicia determinó que las operaciones de lavado contaron con una instancia previa: que Néstor y Cristina Kirchne se hicieran de "fondos líquidos para poder justificar la adquisición de esos establecimientos hoteleros". En consecuencia, registraron entre 2005 y 2009 "múltiples negocios -en su mayoría con Báez-, en los que también intervino Máximo Kirchner", en nombre de sus padres.
Hubo más de quince compra-ventas de terrenos y propiedades entre el empresario K y los expresidentes. Con dicho flujo de dinero, indicó Ercolini, "Kirchner -a través de su hijo Máximo- adquirió el el hotel Las Dunas por 700.000 dólares y la totalidad del paquete accionario de la firma Hotesur SA, propietaria del hotel Alto Calafate, por 4,9 millones de dólares".
En una segunda instancia, para la “maniobra económica diseñada desde el negocio hotelero”, fue indispensable la firma Valle Mitre SRL, propiedad de Lázaro Báez, creada meses después de que los Kirchner adquirieron los hoteles y fue utilizada en el esquema de blanqueo “para recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería, y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen”.
Valle Mitre no tenía capacidad económica para pagar el alquiler de Hotesur SA. Así, quien le inyectaba dinero era Austral Construcciones, principal contratista de la obra pública vial en Santa Cruz. Entre 2007 y 2015, la empresa que administró los hoteles de los Kirchner registró ingresos por pagos de la constructora por 70.949.170,95 pesos.
Dichos fondos después se derivaban a la empresa hotelera de la ex Presidenta. Valle Mitre, a su vez, enviaba dinero a otras empresas del Grupo Austral (Kank y Costilla, Loscalzos y Del Curto, La Estación SA, Don Francisco) para que alquilaran habitaciones de los hoteles que no utilizaban. Garantizaron así ingresos por más de 14 millones de pesos a la familia Kirchner.
Entre 2009 y julio de 2013, Báez pagó a los Kirchner 27.592.110 pesos por alquileres a Hotesur SA. El contrato de alquiler del Alto Calafate fue en dólares, e incluía un canon mensual de 40 mil dólares por la explotación comercial. Estos fondos "finalmente se introdujeron en el patrimonio de los Kirchner, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos", sostiene el requerimiento de elevación a juicio.
Para la justicia federal, Máximo Kirchner cumplió “roles idénticos o muy parecidos en las dos maniobras. Formó junto a su padre la firma Hotesur y junto a sus dos progenitores la empresa Los Sauces, de la que a su vez sería presidente, ocupándose de actuar en nombre de aquellos y en representación de ambas sociedades".
En tal rol habría adquirido propiedades, firmado y cobrado cheques "con los que se habrían canalizado los fondos, firmado contratos de locación, y toda otra tarea de administración y disposición necesaria para el ingreso de los fondos al acerbo patrimonial de la familia".
Como accionista en Hotesur "habría participado de la designación de autoridades en el órgano de directorio, y aprobado cada uno de los ejercicios económicos de la la firma entre 2010 y 2013, ratificando, entre otras cosas, la contratación con la empresa Valle Mitre como gerenciadora y administradora de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.
Todos embargados
De cara al inicio del juicio se actualizaron los embargos y las medidas cautelares sobre las compañías cuestionadas: sobre Los Sauces pesaba un embargo de 673 millones de pesos. Respecto a Cristina Kirchner, la medida cautelar ascendía a 110 millones de pesos, y en el caso de su hijo de 130 millones de pesos.
Es decir, Cristina Kirchner no sólo deberá afrontar el decomiso en el caso Vialidad por 685.000 millones de pesos, sino que la extensión del embargo en Hotesur-Los Sauces expone a cuánto podría ascender una eventual pena en este caso por lavado de dinero.
A título personal, los embargos fijados por el TOF 5 son: 582.055.234,48 pesos para Máximo Kirchner y Cristóbal López, de forma individual. Sobre ellos se había dictado una cautelar de 130 millones.
En el caso de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, el embargo original era de 110 millones de pesos y la cifra con la que afrontarán el juicio será de 492,5 millones.
La actualización también alcanzó a la inmobiliaria Los Sauces. Le corresponde el embargo más elevado: de 673 millones de pesos pasó a 3 mil millones.
En el caso de las firmas Valle Mitre, Loscalzos y del Curto y Kank & Costilla, la cifra del embargo pasó de 237 millones de pesos a más de mil millones.
Las tres compañías pertenecen a Lázaro Báez. La primera de ellas se utilizó para la explotación y administración de Hotesur y las otras dos son constructoras que se convirtieron en inquilinas de Los Sauces SA a la vez, que construyeron inmuebles que pertenecen a la inmobiliaria.
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