Desde el 1º de enero de 2026 rige en California la ley que otorga a unos 800 mil conductores de aplicaciones como Uber y Lyft el derecho a negociar un primer contrato sindical. Ahora, la Junta de Relaciones Laborales del Sector Público (PERB) verificó que el Sindicato de Trabajadores de Plataformas Digitales de California (CGWU) ha alcanzado el umbral de apoyo necesario para representar a estos conductores en el estado.
En un comunicado, el gobernador Gavin Newsom, celebró la noticia: “En un momento en que los derechos de los trabajadores están siendo atacados y las familias de todo el país luchan por llegar a fin de mes debido a la administración Trump, California está demostrando lo que significa apoyar a la gente trabajadora”.
Promulgada en octubre de 2025, la ley AB 1340 creó un camino formal hacia la mesa de negociación y obliga a esas y otras compañías de transporte y a los sindicatos certificados por la Junta a negociar de buena fe.
Al alcanzar el apoyo necesario para representar a los choferes de California, el CGWU se ha convertido en el sindicato de conductores de servicio de transporte compartido más grande del mundo.
¿Qué dice la ley sobre aplicaciones de transporte?
Como en otros países, la situación de quienes trabajan con aplicaciones, como Uber y Lyft, es bastante peculiar, ya que figuran como “contratistas independientes” y no como empleados.
Al principio, las empresas mostraron su oposición a las medidas que impulsaba la ley AB 1340, pero en agosto de 2025 modificaron su postura a cambio de un "compromiso" legislativo.
Los choferes que trabajan para aplicaciones podrán sindicalizarse. Foto: Archivo.
Este acuerdo incluyó otra ley, la SB 371, también firmada por Newsom, que reduce drásticamente los requisitos de seguro para conductores no asegurados, pasando de una cobertura de un millón de dólares a solo 60.000 por persona.
A la espera de la certificación final de la CGWU, cabe destacar las principales características de la ley AB 1340.
- Su principal objetivo es crear un sistema específico de relaciones laborales para los conductores de las aplicaciones de transporte.
- Reconoce que los conductores tienen derecho a formar, incorporarse y participar en organizaciones de conductores, elegir representantes para negociar en su nombre, efectuar actividades colectivas con fines de negociación o ayuda mutua y también decidir no participar.
- De todas formas, la ley no obliga a formar parte del sindicato, sino que establece las condiciones para que pueda hacerlo si así lo decide.
- También tiene en cuenta el sistema creado por la Proposición 22, que estableció determinadas condiciones para los conductores y los clasificó como contratistas independientes si se cumplen ciertos requisitos.
Los choferes son considerados como contratistas independientes. Foto: AFP
Para muchos choferes, la ley AB 1340 es un avance, aunque reconocen las enormes dificultades y no creen que sea sencillo influir en las condiciones laborales y los salarios. En los últimos años, sus ingresos han disminuido. Investigadores del Centro Laboral de UC Berkeley descubrieron en 2025 que ganaban menos que el salario mínimo estatal una vez descontados los gastos del vehículo y excluidas las propinas.
Expertos como David Weil, profesor de Brandeis University y exlíder de la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, mostró su escepticismo. Advierte que Uber y Lyft siempre mantienen la ventaja debido a su "vasto control de la información y los algoritmos". A su entender, las empresas jamás cederán su capacidad para fijar los precios. "Para usar un término de juego, la casa siempre va a ganar", sentenció a KQED.
La principal preocupación de algunos activistas, como Jason Munderloh, voluntario de Rideshare Drivers United, es que la nueva legislación no garantiza el derecho a la huelga. Scott Kronland, un abogado que asesoró al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) en la redacción de la ley, explicó que el Estado no puede asegurar ese derecho por las leyes federales antitrust. Como los choferes no son empleados, una huelga podría interpretarse como una acción ilegal de empresas coludidas (unidas en secreto) para reducir la competencia.
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