Más de 350.000 migrantes haitianos quedaron legalmente a la deriva y ahora corren riesgo de ser deportados.
Ello ocurrió en la primera semana de agosto luego de que la jueza federal Ana C. Reyes revocara la orden de suspensión que mantenía vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) que les permitía vivir y trabajar en Estados Unidos.
Aunque el fallo habilito a los abogados de los demandantes a continuar el litigio de fondo para determinar si hubo motivaciones de discriminación racial al cancelar el programa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya advirtió que quienes estaban amparados por el TPS van a ser deportados.
En realidad, la eliminación de una medida cautelar que prorrogaba el TPS para los haitianos les quitó de inmediato este permiso especial a sus beneficiarios.
Citaciones, monitores electrónicos y amenazas
A los pocos días, en ciudades con alta concentración de residentes haitianos, como Springfield y Columbus en Ohio, el DHS comenzó a citar a los migrantes a controles presenciales obligatorios.
Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) protestan ante la Corte Suprema antes de conocer el fallo. Foto: Bill Clark. CQ Roll Call.
El fin del TPS podría desencadenar una crisis en el mercado laboral: se estima que cerca de 200.000 beneficiarios tenían empleos formales. Sectores críticos como las residencias de ancianos, la atención médica domiciliaria, el transporte de carga, la logística aeroportuaria y el comercio minorista comenzaron a concretar despidos ante la imposibilidad de mantener empleados sin autorización de trabajo vigente.
Estimaciones del grupo FWD.us afirman que los trabajadores haitianos aportaban anualmente unos 5.900 millones de dólares a la economía y más de 1.600 millones en impuestos. En estados de alta presencia migrante como Florida, donde residen cerca de 120.000 beneficiarios, organizaciones empresariales prevén un impacto negativo de hasta 4.000 millones en el producto bruto estatal y costos multimillonarios por la rotación forzada de personal.
El TPS para los haitianos había sido otorgado por el gobierno federal en 2010 luego que un devastador terremoto arrasara la isla y provocara más de 300.000 muertos. En los años posteriores, el beneficio fue extendido consecutivamente debido al colapso institucional, la violencia de las pandillas armadas y las reiteradas crisis humanitarias.
La situación en Haití, uno de los países más pobres de América Latina, sigue siendo inestable. El propio Departamento de Estado mantiene para ese país su máxima alerta de "no viajar" debido a secuestros, homicidios y falta de control estatal. La opción para evitar la deportación es aceptar la ayuda de Washington y abordar vuelos de regreso voluntario.
Aunque la orden judicial más reciente impacta de manera directa a la comunidad haitiana, la resolución sienta una doctrina que abarca a la totalidad del programa. La Corte Suprema ya había restringido las revisiones judiciales sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y ello establece un precedente que afecta a más de un millón de refugiados de una decena de países.
La Corte Suprema dejó libre el camino para que la justicia federal anule los recursos contra el TPS (Estatus de Protección Temporal) que favorecía a miles de refugiados en Usa. Nathan Howard. REUTERS.
Además de los haitianos ya han sido afectados o van a serlo en las próximas semanas refugiados de Siria, Venezuela, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Etiopía, Birmania, Sudán del Sur y Yemen.
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