Varias organizaciones defensoras de las libertades civiles acusaron este viernes al Gobierno de EE.UU. de vulnerar la libertad de expresión al emitir una restricción que prohíbe a los periodistas volar drones cerca de instalaciones y vehículos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés), su filial en Washington y la Asociación Nacional de Fotoperiodistas presentaron un escrito ante una Corte federal para respaldar la demanda interpuesta por el fotoperiodista de Minesota Rob Levine contra la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés).
La medida, emitida el 16 de enero durante el despliegue de operativos migratorios de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en Minesota, prohibe volar drones a menos de 914 metros en sentido horizontal y 305 metros en vertical de instalaciones y "activos móviles" del DHS, incluidos vehículos utilizados por agentes migratorios.
Según las organizaciones, la restricción hacía prácticamente imposible que los periodistas supieran si estaban volando cerca de un vehículo oficial, ya que estos podían desplazarse y, en ocasiones, no estaban identificados. Incumplirla podía acarrear multas, cargos penales o la pérdida de la licencia para operar drones.
La restricción de la FAA obligó a los periodistas que informaban sobre las operaciones migratorias a dejar sus drones en tierra o arriesgarse a enfrentar cargos penales, afirmó en un comunicado Scarlet Kim, abogada de la ACLU, quien calificó la medida de "inaceptable" e "inconstitucional".
Las organizaciones sostienen que la restricción vulneró el derecho, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, a documentar la actuación de funcionarios públicos.
Levine presentó su demanda en marzo ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. La FAA retiró en abril la prohibición nacional y la sustituyó por una recomendación que no contempla las mismas sanciones civiles y penales.
Pese a ese cambio, las organizaciones y el fotoperiodista buscan que los tribunales determinen si la restricción original fue ilegal y vulneró derechos constitucionales, según los documentos judiciales.
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