La Legislatura porteña eligió este jueves a Martín López Zavaleta como nuevo Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. El actual fiscal general adjunto obtuvo 51 votos a favor de un total de 60 y se convertirá así en el reemplazante de Juan Bautista Mahiques que dejó su cargo para asumir como ministro de Justicia de Javier Milei.
El pliego de López Zavaleta recibió el apoyo de todos los bloques mayoritarios como el PRO, el PJ y los libertarios, salvo los de la izquierda y La Cámpora.
Con 52 años y una trayectoria de 27 años dentro de la Justicia porteña, López Zavaleta es el primer Fiscal General que llega al cargo y desarrolló toda su carrera dentro del Poder Judicial de la Ciudad y también el primer fiscal de primera instancia porteño que llega a conducir el Ministerio Público Fiscal.
Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Cataluña, ingresó al Ministerio Público Fiscal en 1999, apenas un año después de la creación del organismo. Lo hizo desde uno de los primeros escalones de la estructura judicial, como escribiente, y desde entonces fue ascendiendo a través de distintos cargos.
En esos años se desempeñó como oficial, prosecretario administrativo, secretario de primera instancia y fiscal interino. En 2013, después de atravesar un concurso público, fue designado fiscal de primera instancia.
A partir de allí ocupó diferentes funciones dentro del Ministerio Público. Fue fiscal en lo Penal, Contravencional y de Faltas, coordinó Investigaciones Complejas y trabajó como fiscal especializado tanto en Violencia de Género como en Delitos Informáticos. También ocupó la Secretaría General de Gestión del Ministerio Público Fiscal y posteriormente llegó a desempeñarse como fiscal general adjunto en materia Penal y Contravencional.
Durante su recorrido por la Justicia porteña participó además de distintas reformas en el funcionamiento del organismo. Entre sus antecedentes se encuentran la creación de las Unidades de Flagrancia y de la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, así como el desarrollo de equipos especializados en violencia de género y la implementación de la figura del auxiliar fiscal.
Su actividad profesional también estuvo vinculada con la formación académica. Es autor de publicaciones jurídicas sobre violencia de género, drogas, delitos informáticos y seguridad pública y participó como expositor en conferencias relacionadas con esas materias.
Desde febrero de 2024, además, se desempeña como director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), donde desarrolló parte de su carrera docente vinculada con la capacitación de policías y bomberos de la Ciudad.
Después de 27 años dentro de la estructura judicial porteña, López Zavaleta llegó a la Legislatura como candidato para ocupar el máximo cargo del Ministerio Público Fiscal. Daniel Angelici, uno de los hombres fuertes en la justicia del territorio porteño, avaló su postulación. Durante la audiencia pública en la que defendió su postulación no recibió cuestionamientos y definió allí cuál pretende que sea el perfil de su gestión: “Construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales”.
Su programa para conducir el organismo está estructurado alrededor de seis objetivos que planteó ante los legisladores y que incluyen garantizar el acceso a la Justicia y fortalecer la protección integral de las víctimas, junto con la necesidad de acelerar las respuestas que reciben los ciudadanos cuando recurren al sistema judicial.
López Zavaleta también anticipó que buscará diseñar una política criminal orientada específicamente a las necesidades de los habitantes de la Ciudad y dotar al cuerpo de fiscales de mayores herramientas para desarrollar sus investigaciones. A esos objetivos sumó uno de carácter institucional: avanzar hasta completar el proceso de autonomía de la Justicia porteña.
Dentro de esas prioridades, el nuevo Fiscal General puso especial énfasis en el lugar que deberán ocupar las víctimas. Según sostuvo durante el proceso de selección, su protección integral “es la prueba más concreta de lo que un Ministerio Público Fiscal entiende por brindar un servicio de justicia”.
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