Paola Ortiz volvió a ser libre después de más de trece años en prisión. Este martes, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió modificar su condena a prisión perpetua desde 2015 y ordenó su inmediata libertad teniendo en cuenta “circunstancias extraordinarias de atenuación” y fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, exactamente el tiempo que ya estuvo detenida.
La decisión llegó después de un recurso de revisión presentado por la abogada Rocío García Garro de La Guardia Feminista de Abogadas, un espacio federal de litigio impulsado por Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, y por la abogada Julia Luna.
La historia comenzó en Villa Nueva, Córdoba, el 31 de octubre de 2012. Paola tenía tres hijos, vivía en condiciones precarias y atravesaba distintos tipos de violencias y dependencias que, según reconoció ahora el Tribunal, no habían sido analizados en el proceso original.
Aquel día, Paola, embarazada de entre 37 y 38 semanas, atravesó el parto en la habitación donde vivía. Estaba sola y sin asistencia médica. La bebé terminó muriendo. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María la condenó a prisión perpetua el 19 de marzo de 2015. Dos años después, en junio de 2017, el propio Tribunal Superior de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por su defensa y la condena quedó firme.
La mujer detrás del expediente
El Tribunal consideró que el proceso original no había tenido en cuenta el contexto en el que Paola atravesó el embarazo, el parto y el puerperio.
El fallo recuerda que estaba separada de su esposo y vivía junto a su ex suegro, sus cuñados y sus hijos. El tribunal también tomó en cuenta fotografías incorporadas al expediente que mostraban las condiciones de precariedad de la vivienda.
Paola había ocultado su embarazo porque tenía miedo de que su suegro la echara de la casa y ella no tenía dónde ir. La defensa había señalado además un contexto de violencia económica, psicológica y sexual.
Las pericias psicológicas describían una personalidad vulnerable, con baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, dependencia y dificultades para anticipar consecuencias. Uno de los informes consignaba además una escolarización extremadamente limitada.
"La buena madre"
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es la crítica a los estereotipos de género del derecho penal. Las defensoras habían planteado que Paola había sido juzgada a partir de una idea implícita de cómo debía comportarse una “buena madre”: debía reconocer el embarazo, hacerse controles médicos, acudir al hospital, saber cómo actuar durante el parto, cortar el cordón umbilical y pedir ayuda inmediatamente.
El fallo recupera ese argumento y señala que el proceso había reprochado a Ortiz no haberse realizado controles, no haber concurrido al hospital, no haber cortado el cordón y no haber tenido conocimientos médicos suficientes. También se cuestionó que se le exigiera haber sabido actuar ante una emergencia obstétrica, a pesar de sus condiciones materiales, educativas y psicológicas.
Pero el TSJ aseguró que parir sin asistencia médica no es un delito ni puede convertirse automáticamente en un reproche penal. El propio fallo recuerda la legislación sobre parto humanizado y señala que esa normativa promueve que el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible, respetando las particularidades de cada familia y garantizando un trato humanizado.
El TSJ también habló de la falta de "un enfoque de interseccionalidad" que permitiera analizar la precariedad económica, el historial de victimización y la violencia familiar.
La sentencia toma en cuenta que Paola se encontraba atravesada simultáneamente por pobreza, dependencia económica y habitacional, aislamiento, miedo, violencia y el estrés propio del puerperio. Todo eso, concluye el tribunal, configuró un cuadro de menor culpabilidad.
Otro elemento que el tribunal consideró que reducía su culpabilidad era el estado psíquico y emocional en el que estaba Paola después del parto.
El propio Tribunal Superior reconoce que su mirada actual no es idéntica a la que había aplicado años atrás.
Perspectiva de género
Para Mónica Menini, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir, la sentencia reconoce la confluencia entre género, pobreza, violencia y vulnerabilidad: "El derecho penal ya no puede mirar solamente el hecho aislado, sino que debe incorporar perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad".
Menini cuenta que conocieron el caso cuando Paola llevaba años detenida, pudieron conversar con ella y decidieron impulsar un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. A ese pedido se sumaron 13 amicus curiae de organizaciones y espacios académicos que acompañaron la presentación.
"El Tribunal Superior de Justicia reconoció circunstancias extraordinarias de atenuación vinculadas con el contexto de vulnerabilidad, pobreza y violencia que atravesó Paola a lo largo de su vida. Esto supone incorporar una perspectiva de género y una mirada interseccional, algo que estuvo ausente en la condena original", explica García Garro a Clarín.
"Paola está bien, en buen estado de salud, acompañada y contenida. Ahora comienza para ella una nueva etapa, un proceso de reencuentro y revinculación con sus familiares, sus seres queridos y también con su propia historia, después de más de 13 años de privación de libertad", dice.
"Durante este último tiempo, el acompañamiento fue fundamental. Ana Agnelli, trabajadora social de Católicas por el Derecho a Decidir, acompañó a Paola desde el año pasado en el camino hacia su libertad y, aun durante su permanencia en prisión, fue trabajando con ella distintos procesos de revinculación y la posibilidad de que pudiera escribir y reconstruir su propia historia", cuenta la abogada.
Y concluye: "Hoy creemos que lo importante es respetar sus tiempos y decisiones. Es un nuevo comenzar. Paola está libre y tiene por delante la posibilidad de reconstruir su vida, recuperar vínculos y proyectar su futuro".
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