Un ex secretario penal del Juzgado Federal de la ciudad de Corrientes fue detenido en Resistencia para que comience a cumplir una condena de cuatro años de prisión por haber ordenado una escucha ilegal a su esposa porque sospechaba que le era infiel.
La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Federal luego que la Corte Suprema de Justicia declarara inadmisible un recurso para revisar el fallo dictado en julio del año pasado.
Pablo Carlos Molina (55) fue apresado por Gendarmería en su domicilio de la ciudad de Resistencia, en Chaco.
El ex juez federal Carlos Soto Dávila (derecha) y su secretario Pablo Molina (centro).
El ex funcionario judicial permanecerá alojado en dependencias de la fuerza hasta su traslado a un complejo carcelario del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Molina había sido condenado el 29 de julio del año pasado en un juicio oral y público.
El ex secretario, que además enfrenta otras causas penales, una de ellas por asociación ilícita, presentó un recurso de Casación que fue rechazado dos meses después.
Un nuevo intento de revisión del fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal fracasó en abril pasado.
La defensa del ex funcionario judicial optó por recurrir a la Corte Suprema de Justicia a través de un recurso extraordinario que corrió la misma suerte el jueves de la semana pasada.
Sin posibilidades de recurrir a una instancia superior, el Tribunal Oral Federal de Corrientes quedó habilitado para ordenar la captura para que comience a cumplir la pena que le impusieron.
Molina había sido condenado por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real por los jueces Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino.
Además de imponerle una pena de cuatro años de cárcel, dictaron su inhabilitación absoluta por ocho años.
Molina fue juzgado por delitos que cometió en 2014, cuando se desempeñaba como secretario penal en el Juzgado Federal de Corrientes. El funcionario, de máxima confianza del juez Carlos Vicente Soto Dávila, atravesaba una crisis con su esposa, a quien acusaba de ser infiel con un ex novio de la juventud.
El ex juez federal Carlos Soto Dávila. Foto Diario Época.
El 27 de agosto de ese año, la mujer lo denunció penalmente en Resistencia, Chaco, por amenazas y lesiones. Apenas dos semanas después, Molina y Soto Dávila ordenaron la intervención de la línea telefónica de la mujer y de quien el secretario sospechaba que era su amante.
Según los fiscales Carlos Schaefer y Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), en su rol de secretario penal, Molina confeccionó y firmó el 11 de septiembre de 2014 un oficio judicial con destino a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la por entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), pidiendo que se hicieran escuchas a su pareja y al amigo de la infancia.
Molina argumentó que esos números eran de personas que integraban una organización narco que era investigada por Gendarmería desde 2013.
Un oficial de esa fuerza dijo que le resultó extraño porque en ese expediente se había dispuesto el cese de la investigación tras la detención de los sospechosos y que los teléfonos que habían intervenido hasta ese momento eran de Paraguay, provincia de Buenos Aires y Mendoza, no de la provincia de Chaco.
El hecho se descubrió en marzo de 2019 por un descuido del propio Molina, quien olvidó retirar de su oficina los CD con las escuchas. Por ese entonces ya se lo investigaba por beneficiar -junto a Soto Dávila- a una banda narco de Itatí.
Cuando los empleados judiciales relevaban los elementos que quedaron en la oficina, se toparon con 28 discos compactos con escuchas realizadas entre el 18 de septiembre y el 1° de octubre de 2014. En gran parte de ellas, aparece el propio Molina insultando y amenazando a su pareja.
El funcionario incluso amenazaba a su mujer con matarse delante de su casa. En una de las escuchas, Molina le dijo “¿Vos te pensás que me vas a frenar con una puerta si te quiero arrancar el mate? Vos te pensás que con una orden me vas a frenar a mí? Soy un obsesivo cuando quiero”.
El por entonces funcionario judicial sospechaba que su esposa había pedido una perimetral a la Justicia de Chaco por violencia de género.
Un oficial de Gendarmería reveló en el juicio que Molina le comunicó telefónicamente que había ordenado esas escuchas y que los CD con el contenido debían ser remitidos a su oficina “sin abrirlos” porque iban a ser “analizados” por el Juzgado.
Otra condena para el mismo secretario
Molina ya tiene una condena de cinco años de prisión por ser considerado integrante de una asociación ilícita que funcionaba en el Juzgado Federal y tenía como cabeza a Soto Dávila.
La Cámara de Casación Penal dispuso que esa pena sea elevada y la causa pasó a la Corte Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No es el único frente judicial que tiene abierto el ex funcionario, ya que deberá volver a sentarse ante los jueces del Tribunal Oral Federal por la entrega irregular de un Volkswagen Bora, un Citroën Berlingo, una camioneta Volkswagen Amarok, un coche Mercedes Benz y dos camionetas Toyota Hilux que habían sido secuestrados en Posadas en el marco de una causa por lavado de activos.
EMJ
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