En un nuevo conflicto con el presidente Donald Trump, el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta encabezan una demanda interestatal para bloquear los intentos del gobierno de condicionar la financiación de la seguridad pública a exigencias políticas vinculadas a las elecciones.
En un comunicado, Newsom expresa que “una y otra vez, los tribunales le han dicho a la corrupta administración de Trump que no puede coaccionar a California para que haga su voluntad amenazando con retener fondos para la seguridad pública”.
“Sin embargo, vuelven a la carga y esta vez exigen que los estados modifiquen sus propias leyes electorales para acceder a fondos que financian la preparación y respuesta ante emergencias de seguridad pública, fondos que el Congreso ya había aprobado. Sencillamente, no lo permitiremos, agrega el gobernador de California Gavin Newsom.
En tanto, el fiscal general del estado, Rob Bonta, dice que “Trump cuenta con escaso apoyo tanto para su agenda de deportaciones masivas como para sus acusaciones de fraude electoral; por ello, está intentando presionar a los estados para que adopten sus políticas preferidas a cambio de fondos muy necesarios”.
¿Cuáles son las exigencias de Trump?
La demanda presentada por California responde a fondos por 150 millones de dólares que el Congreso había aprobado para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Los fondos pertenecen a un programa de subvenciones administrado por el Departamento de Seguridad Nacional. Foto: Jason Redmond. AFP.
Los fondos, en concreto, pertenecen al Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional (HSGP) que, entre otros fines, permite brindar capacitación a los funcionarios de servicios de emergencia, fortalecer la ciberseguridad, adquirir equipos esenciales y ayudar a las agencias públicas a prepararse para amenazas graves.
Para entregar los fondos, el presidente Trump tiene varias exigencias:
• Requisitos electorales. Les pide a los estados que adopten las políticas electorales preferidas por el presidente, como verificar la ciudadanía de los votantes el sistema SAVE o utilizar papeletas marcadas a mano. Los estados que no cumplan podrían perder el 20% de sus fondos del HSGP.
• Control migratorio. Para obtener los fondos los estados se verían obligados a destinar dinero y otros recursos, para colaborar con la aplicación de las leyes federales de inmigración. Los tribunales ya han bloqueado estas mismas condiciones.
• Interrupción de la financiación. El presidente quiere otorgar a FEMA amplia autoridad para recortar el envío de fondos basándose en "prioridades de la agencia vagas y subjetivas”, según la demanda presentada por California.
La presentación judicial considera que estos requisitos son ilegales porque el Congreso nunca otorgó al DHS ni a la FEMA autoridad para imponer condiciones tan drásticas a estas subvenciones.
El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta critican con dureza las políticas de Trump. Foto: Justin Sullivan.
La demanda forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los intentos de interferir en la administración electoral de California. En mayo de 2026, Newsom promulgó el proyecto de ley SB 73 para incluir mayores garantías en torno a las papeletas, la tecnología de votación y la injerencia de las fuerzas del orden en el proceso electoral.
Por otra parte, en 2025, el fiscal Bonta demandó por las condiciones relacionadas con la inmigración que se adjuntaban a las subvenciones federales para la seguridad nacional y el transporte, argumentando que dichas condiciones no guardaban relación con el propósito de la financiación y excedían la autoridad federal. Un tribunal federal bloqueó de manera permanente las condiciones del DHS.
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